Guillermo Tolosa: “El lavado de activos amenaza la esencia del contrato social” y “el crimen empieza a disfrazarse de éxito”

Durante la apertura de la 13.ª edición del Congreso de Prevención

de Lavado de Activos de las Américas, el presidente del BCU

advirtió sobre el impacto estructural del lavado en las democracias.

El evento reunió en Montevideo a más de 300 expertos de 11

países

Montevideo, 5 de agosto de 2025. Con la participación de más de 300 personas

de 11 países, se realizó en Montevideo la 13.ª edición del Congreso de

Prevención de Lavado de Activos de las Américas (CPLD Américas), organizado

por BST Global Consulting. El evento tuvo lugar los días 4 y 5 de agosto en el

hotel Hyatt Centric, con 260 asistentes en modalidad presencial y más de 100

conectados por transmisión en vivo. Contó con la presencia de autoridades,

especialistas y referentes técnicos del sector financiero y regulatorio.

En esta edición participaron representantes de Argentina, Chile, Colombia,

Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Guatemala y El

Salvador, quienes compartieron experiencias, marcos normativos y estrategias

institucionales para fortalecer los sistemas de prevención en América Latina.

Durante las dos jornadas se abordaron los principales desafíos que enfrenta la

región en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del

terrorismo y otros delitos financieros. La agenda incluyó paneles sobre riesgos

personales de los oficiales de cumplimiento, flujos financieros ilícitos, control de

beneficiarios finales, gestión de alertas, trata de personas, uso de criptoactivos

en operaciones de lavado y cibercrimen.

Además, se realizaron talleres prácticos sobre herramientas de debida diligencia,

monitoreo de operaciones mediante inteligencia artificial y calibración de

matrices de riesgo, en un contexto de creciente evolución tecnológica.

“Nos vamos muy contentos con la convocatoria y el resultado del evento. Desde

el inicio quisimos que los verdaderos protagonistas fueran los participantes: que

pudieran intercambiar, absorber ideas y llevarse herramientas útiles para aplicar

en sus propios ámbitos de trabajo. Nos llevamos muchos temas para seguir

analizando e incorporando en el día a día. Entre la calidad de los paneles, la

cantidad de asistentes y el trabajo impecable del equipo de BST, sentimos que

fue un congreso muy valioso y que cumplió su objetivo”, dijo Ricardo Sabella,

director de BST Global Consulting.

En lo que refiere a la situación de Uruguay respecto a la prevención de lavado

de activos, Sabella sostuvo que “no está mal” pero destaco que es “un trabajo

continuo”.

“No hay un punto de llegada definitivo. Hay que seguir trabajando, aplicar sentido

común y enfocarse donde realmente hay riesgo. El desafío es articular lo público

y lo privado para implementar medidas efectivas de mitigación y control. Solo si

se da ese esfuerzo conjunto es posible avanzar en la prevención de este tipo de

delitos”, puntualizó.

Un llamado a defender la credibilidad institucional y económica del país

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, destacó

en la apertura del congreso la importancia de preservar uno de los activos más

valiosos del país: la credibilidad. Señaló que esta no se construye con discursos,

sino con “hechos concretos todos los días”, y que requiere “coherencia,

transparencia y decisiones”. Advirtió que se trata de un capital “impalpable pero

muy poderoso” que debe ser cuidado con responsabilidad, vigilancia y coraje.

“La experiencia demuestra que este capital, si lo damos por sentado, podemos

perderlo todo. Y a veces no de forma lenta, sino de un momento a otro, si

dejamos que ganen terreno los criminales, las actividades ilícitas y la impunidad”,

alertó.

Tolosa advirtió que el lavado de dinero representa una amenaza estructural para

las democracias. Afirmó que quienes lo practican no solo violan la ley, sino que

la pervierten: “Son quienes conocen las grietas del sistema, se nutren de la

corrupción, manipulan las instituciones y, en algunos casos, logran influir o

incluso controlar decisiones políticas”. En ese sentido, subrayó que el riesgo no

se limita al plano económico o institucional, sino que afecta “la esencia misma

del contrato social”.

Desde la perspectiva del presidente del BCU, el impacto del lavado de activos

va más allá de lo económico, político o legal. En esa línea, sostuvo que esta

práctica reconfigura de forma silenciosa lo que una sociedad considera

aceptable, diluyendo los valores compartidos y debilitando el sentido de justicia.

“El crimen no solo paga: empieza a disfrazarse de éxito. Se premia, se tolera, se

naturaliza. Y cuando eso ocurre, se instala la sospecha generalizada sobre la

política, sobre los empresarios, sobre cualquiera que haya prosperado. Ese

cinismo alimenta la desconfianza, sobre todo entre los jóvenes”, remarcó.

En el plano económico, Tolosa explicó que cuando se pierde la capacidad de

distinguir entre quienes construyen riqueza legítimamente y quienes la acumulan

desde la ilegalidad, se produce una distorsión del sistema productivo. En ese

escenario, según el jerarca, el empresario honesto pierde reconocimiento y se

instala un clima de desconfianza que “germina políticas y movimientos

antimercado que terminan por minar las posibilidades de crecimiento”. Esto

deriva en un círculo vicioso donde el poder y la riqueza se concentran en pocos,

mientras la mayoría queda despojada no solo de bienes, sino también de

esperanza.

Frente a este panorama, el presidente del BCU afirmó que es hora de “elevar la

vara” respecto a cómo Uruguay enfrenta el lavado de activos. Si bien reconoció

que no existen soluciones mágicas, sostuvo que el país está dando un paso

importante con la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el

Financiamiento del Terrorismo 2025. “Desde el BCU sabemos que no somos los

responsables de la respuesta política integral, pero tenemos un rol relevante.

Recibimos los reportes del sistema financiero, analizamos, clasificamos y

brindamos asesoramiento técnico a la Justicia”, explicó. Y añadió que la nueva

estrategia exige mayor coordinación entre instituciones, así como más recursos

humanos y tecnológicos, además de un régimen sancionatorio disuasivo y

acorde a los desafíos actuales.

Finalmente, Tolosa destacó el compromiso de los funcionarios del sistema,

quienes, a pesar de tener salarios modestos, enfrentan redes delictivas con

enormes recursos “con un enorme compromiso ético y profesional”. También

valoró el rol del sistema financiero nacional, que ha adoptado altos estándares

de prevención. “Este congreso no es solo una instancia técnica: es una

oportunidad para consolidar nuestra respuesta como país, compartir buenas

prácticas e innovar. Porque la lucha contra el lavado no es solo una obligación

técnica: es una defensa de la legalidad, de la transparencia y de nuestro modelo

de país”, concluyó.

Senaclaft advirtió sobre falta de efectividad en la lucha contra el lavado

Daniel Espinosa, asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el

Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), destacó la

urgencia de revertir la falta de efectividad del sistema nacional antilavado.

“El diagnóstico que tenemos -y que estamos tratando de atacar- es que estamos

con pocos resultados. Todo el esfuerzo del sistema antilavado no se está

reflejando en casos de lavado, en condenas, en decomisos de bienes. Por eso

se aprobó una nueva estrategia nacional, que firmó el presidente esta semana,

y que apunta directamente a combatir esa escasez de resultados y la falta de

efectividad del sistema”, señaló.

En ese sentido, subrayó que el principal objetivo de la nueva estrategia nacional

contra el lavado de activos es “mejorar la coordinación y cooperación entre

organismos del Estado”. Y agregó: “En nuestra opinión, en el período anterior no

hubo una decisión política clara de priorizar el combate al lavado de activos. Por

eso, la falta de resultados es, para nosotros, un reflejo de esa ausencia de

voluntad política. Lo que queremos ahora es sustituir eso por un apoyo decidido

y acciones conjuntas que integren a todos los organismos del Estado”.

Espinosa también alertó sobre la magnitud de la brecha entre los delitos que

generan fondos ilícitos y los casos de lavado que efectivamente son llevados a

la Justicia: “La semana pasada se publicó un informe estadístico 2020-2024 que

muestra cifras contundentes. El año pasado hubo ocho procesamientos por

lavado de activos, mientras que hubo cuatro mil condenas por delitos vinculados

a drogas. Es evidente que tendría que haber una proporción entre los delitos que

originan fondos ilícitos y las causas por lavado. Esa enorme disparidad es una

señal clara de que el sistema no está funcionando como debería”.

Consultado sobre la posición de Uruguay frente a los organismos

internacionales, el asesor de Senaclaft manifestó su preocupación por la

posibilidad de ingresar a una lista gris: “La última evaluación del Grupo de Acción

Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) fue en 2019. Si nos evaluaran hoy,

podríamos caer en la lista gris. Y eso sería grave, porque implica que todas las

transacciones financieras del país con el exterior serían sometidas a

verificaciones especiales, encareciendo los costos por controles adicionales. El

problema es que Uruguay está bien en normativa, en papel estamos bien, pero

los resultados no están acordes al riesgo que enfrenta el país.”

En esa línea, explicó qué un país se considera no cooperativo “cuando no cumple

con los estándares internacionales establecidos por las 40 recomendaciones del

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”. Y agregó: “No alcanza con

tener normas adecuadas: también se exige efectividad. Se evalúan ambas

cosas, el cumplimiento técnico y los resultados. Si los resultados son muy malos,

el país va a la lista gris.